“La atención médica paso de ser un derecho a una mercancía barata”: Salomón Guzmán Rodríguez.
Desde la antigüedad, el derecho a la salud ha sido considerado como uno de los más esenciales para el bienestar humano. A través de las décadas, distintos gobiernos han promovido sistemas de salud que aseguren este derecho para su población. No obstante, recientes cifras y estudios indican que en México, este derecho fundamental está en serio riesgo.
En retrospectiva, el Seguro Popular nació en 2003 con una promesa clara: garantizar que el gasto en salud no desembocara en una crisis económica para las familias de bajos recursos por un lado, y que todos los mexicanos tuvieran un conjunto de servicios esenciales de salud garantizados, así como grupo de enfermedades que requerían especialistas y tecnología de alto nivel costo garantizadas por un fideicomiso multianual que fuera aumentando el número de padecimientos catastróficos por él cubierto. Su misión era clara: equilibrar el acceso a servicios de salud entre quienes tenían un empleo formal y quienes no. No obstante, con la llegada del Instituto Nacional de Salud del Bienestar (INSABI) en 2020, el panorama comenzó a oscurecerse.
El informe más reciente del INEGI en su encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH) 2022 presenta un panorama desolador que demuestra claramente que fueron -y seguirán siendo- primero los pobres los que perdieron acceso a los servicios públicos de salud y comprometieron su patrimonio cayendo en mayor pobreza para atender a sus familiares.
Aquí las evidencias: el porcentaje de la población más pobre (decil 1) que no estaba afiliada al seguro popular en el año 2018 fue del 24%, mientras que en el año 2022 fue del 76%, es decir, 5.3 millones de personas en las condiciones más pobres dejaron de tener el servicio de salud tan siquiera básicos a través del INSABI, antes seguro popular.
En un análisis compacto hecho por Salomón Guzmán para fines académicos se pueden agrupar por ingreso como clase baja (CB) los deciles 1 a 3, clase media (CM) decil 4 al 7 y clase alta (CA) del decil 8 al 10, los hallazgos son los siguientes: Los porcentajes de población no afiliada al seguro popular en la CB en el 2018 fue del 31.6% y en 2022 fue del 79.3%, es decir, 16.3 millones de personas de clase baja dejaron de tener los servicios esenciales de salud con el INSABI.
En la CM en 2018 con el seguro popular fue del 54.6% y en 2022 del 86.4%; es decir, 18.5 millones de personas de clase media dejaron de tener los servicios esenciales de salud a través del INSABI. En la CA en 2018 fue del 77% y en 2022 del 92.7%; es decir, 5.5 millones de personas de clase alta dejaron de tener los servicios de salud a través del INSABI.