¿Qué ocurre cuando una persona necesita una tomografía, radioterapia, un medicamento o la valoración de un especialista y su institución no tiene capacidad para atenderla, mientras que otra unidad pública sí podría hacerlo? En el sistema actual, con demasiada frecuencia, el paciente espera, peregrina entre ventanillas o termina pagando de su bolsillo.
Esa fragmentación tiene consecuencias humanas y financieras. En 2018, 16,2% de la población carecía de acceso a servicios de salud; en 2024, la proporción era de 34,2%, lo que correspondía a alrededor de 44,5 millones de personas. Además, 1,11 millones de hogares incurrieron en gastos catastróficos en salud durante 2024, 64,5% más que en 2018. Cuando el sistema público no resuelve, el costo no desaparece: se traslada a las familias.
El Gobierno Federal creó en abril de 2026 el Servicio Universal de Salud (SUS) con la intención de articular las capacidades del IMSS, del ISSSTE, del IMSS-Bienestar, de Pemex, de los institutos nacionales, de los hospitales federales y de los servicios estatales. El objetivo es correcto: la necesidad médica y la capacidad disponible, no la sigla inscrita en una credencial, deberían determinar dónde recibe atención una persona.
Por eso, esta semana presenté ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y convertir el acceso universal en una política de Estado sustentada en reglas, capacidad, financiamiento y rendición de cuentas. -https://bit.ly/4ypOjqn-
La primera propuesta es incorporar el Servicio Universal directamente en la ley. Las instituciones conservarían su personalidad jurídica, patrimonio, derechohabiencia y fuentes de financiamiento, pero compartirían capacidades mediante reglas comunes de referencia, contrarreferencia, continuidad clínica y compensación.
Una persona podría recibir atención en una institución distinta cuando exista una urgencia, insuficiencia temporal de capacidad, falta de una especialidad, de un procedimiento, de un medicamento o de un dispositivo; cuando esté en riesgo la continuidad de su tratamiento; o cuando requiera atención de alto costo. En una urgencia, primero se atendería al paciente y después se resolverían los trámites y las cuentas entre las instituciones. Una vez aceptada una referencia, la unidad receptora tendría la obligación de garantizar la continuidad del tratamiento.
La segunda propuesta es sencilla: si el paciente se mueve, los recursos deben seguirlo. Cada servicio prestado a una persona cuya atención corresponda financieramente a otra institución generaría una obligación de compensación. Salud y Hacienda establecerían una metodología nacional de costos; los servicios se registrarían, conciliarían y pagarían, al menos, mensualmente.
La iniciativa también exige calcular la demanda antes de ampliar los derechos sobre el papel. Cada nueva etapa del SUS deberá estimar pacientes, costos, personal, infraestructura, medicamentos e insumos, e identificar su fuente presupuestaria. Universalizar no puede significar atender a más personas con los mismos recursos y, con ello, aumentar la saturación.
Al mismo tiempo, se protegen las reservas y cuotas del IMSS y del ISSSTE. Cuando atiendan a personas ajenas a su derechohabiencia, deberán recibir recursos públicos y compensaciones específicas. Ampliar el acceso no debe implicar enfrentar a la población sin seguridad social con trabajadores y derechohabientes, ni financiarse silenciosamente con recursos destinados a sus prestaciones.
La tercera propuesta garantiza la participación de las 32 entidades federativas, independientemente de si han transferido o no sus servicios al IMSS-Bienestar. Los estados que conserven sus sistemas mantendrán su infraestructura, personal, patrimonio y presupuesto, y podrán participar mediante convenios con compensaciones claras. La integración nacional no debe confundirse con la centralización.
La cuarta consiste en corregir la estructura del IMSS-Bienestar. La iniciativa lo sectoriza formalmente a la Secretaría de Salud, preserva su autonomía operativa y establece en la ley su Junta de Gobierno, responsabilidades, mecanismos de supervisión, de evaluación financiera y de rendición de cuentas. Un organismo con 172 mil 492 millones de pesos en 2026 y encargado de decenas de millones de personas no puede depender, en sus aspectos esenciales, de decretos modificables administrativamente.
Finalmente, proponemos interoperabilidad clínica y financiera, protección de datos y transparencia trimestral sobre los pacientes atendidos, los servicios intercambiados, los tiempos de espera, los costos, las compensaciones y los adeudos. El Congreso recibiría informes semestrales durante los primeros dos años.
La implementación sería gradual. Comenzaría con urgencias, embarazos de alto riesgo, infartos, eventos cerebrovasculares, continuidad de tratamientos, vacunación y atención primaria; después, incorporaría laboratorio, imagenología, radioterapia y otros servicios, siempre que existan capacidad y financiamiento comprobables.
Esta es una propuesta perfectible y abierta al diálogo. El Gobierno ha reconocido la necesidad de integrar el sistema; nosotros aportamos una ruta legislativa para hacerlo viable. Una oposición responsable no se limita a criticar: vigila, contrasta y propone.¿Usted qué opina?