"Salud pública, Mercado Ilegal, Riesgo Fiscal"
La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado para 2026 un paquete de impuestos saludables sobre tabaco, bebidas azucaradas y productos con edulcorantes. La justificación oficial es clara: desincentivar el consumo, prevenir enfermedades crónicas y allegar recursos para la atención médica. A primera vista, la medida sigue la ruta recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que insiste en gravar tabaco, alcohol y bebidas azucaradas como una de las políticas más costo-efectivas en salud pública.
La evidencia respalda este camino. Países como Brasil y Ecuador han demostrado que los impuestos selectivos reducen el consumo y protegen a nuevas generaciones. La experiencia internacional confirma que elevar los precios de estos productos salva vidas, reduce la carga de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, y libera recursos de los sistemas sanitarios.
En México, el impacto potencial es aún mayor. El consumo de refrescos y tabaco sigue estando entre los más altos del mundo. Gravar más fuerte estas categorías no es un castigo al consumidor, sino una política de salud preventiva con beneficios fiscales colaterales. La propuesta de 2026 incluso da un paso más al incluir bebidas endulzadas con edulcorantes, para evitar que el mercado sustituya el azúcar por versiones “light” sin mejorar la salud pública.
Sin embargo, detrás de la narrativa oficial se esconden dos desafíos que el Congreso no puede ignorar: el comercio ilegal y la ausencia de candados legales para asegurar que lo recaudado se destine realmente a salud.
Los impuestos saludables cumplen su función solo si se acompañan de vigilancia y trazabilidad. La experiencia brasileña muestra que, al aumentar impuestos, el contrabando de tabaco creció a niveles alarmantes, obligando a las autoridades a desplegar inteligencia artificial y controles aduaneros más estrictos. En México, el contrabando de cigarrillos ya es una realidad que erosiona ingresos y socava la salud pública. Si las alzas fiscales no se acompañan de un plan integral de fiscalización, el beneficio esperado puede convertirse en terreno fértil para el crimen organizado.
El vacío legal: ingresos sin destino. Más grave aún es que ni la LIEPS (Ley de Impuestos Especiales a Productos y Servicios) ni la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) obligan a canalizar los nuevos recursos a programas de salud. Hoy, los impuestos especiales alimentan la bolsa general de ingresos y se reparten a la Federación y los estados conforme a reglas inerciales. Los llamados “impuestos saludables” no tienen un anclaje legal en el paquete económico presentado por la presidenta Sheiunbaum que garantice que lo recaudado se convierta en hospitales, medicamentos o agua potable.
Esto significa que el uso de los recursos queda a la discreción del Ejecutivo y bajo presiones del gasto corriente. De hecho, el propio Proyecto de Ingresos 2026 reconoce que, aun con mayores ingresos por IEPS, se necesitará recurrir a una deuda significativa para cubrir los egresos planificados. Si no se modifican la LIEPS y la LCF, los impuestos saludables serán más un recurso retórico que un cambio estructural: se recauda más, pero no se asegura que la salud reciba lo que la ciudadanía cree haber aportado.
Lo que el Congreso debería hacer para que los impuestos saludables cumplan su nombre, se requieren tres pasos legislativos:
1) Reforma espejo a la LCF para crear un Fondo de Impuestos Saludables reglas de distribución y con destino específico a programas de prevención, atención primariam medicamentos y acceso a agua potable; con transparencia trimestral.
2) Modificar la LIEPS que incorporen la obligatoriedad de etiquetar esos recursos a salud con destino programático y metas de resultados (prevalencia, iniciación juvenil, consumo per cápita, gasto de bolsillo) junto con mecanismos de transparencia y evaluación anual.
3) Blindaje contra comercio ilícito con trazabilidad fiscal-sanitaria, controles aduaneros, cooperación con estados y persecución penal efectiva en tabaco y bebidas.
4) Cierre a sustituciones, manteniendo el alcance a azúcar y edulcorantes, con perfiles nutrimentales claros y comunicación sanitaria basada en evidencia.
Impuestos saludables sí; pero con candados legales, vigilancia estricta y destino garantizado a la salud. De lo contrario, será más de lo mismo: promesas que se esfuman entre el contrabando, el gasto corriente y la deuda creciente. 2026 puede ser el año en que México alinee su fiscalidad con la salud pública —y lo celebro—, pero sin candados legales el discurso corre el riesgo de quedarse en promesa: se recauda más, se combate a medias el mercado ilegal y, al final, la salud recibe menos de lo que el ciudadano cree haber pagado
Estaremos proponiendo los legisladores del PAN además de los anteriores pasos legislativos, la eliminación del IVA en bebidas saludables como el agua y forzando al ejecutivo para que todos los centros educativos tengan agua potable para consumo humano. El Congreso tiene la llave: impuestos saludables con destino saludable por ley, o más de lo mismo.