"La injusticia en cualquier lugar amenaza la justicia en todas partes" Martin Luther King Jr
La historia del derecho a la salud en México es también la historia de cómo la ciudadanía convirtió en realidad una promesa constitucional. Gracias a la reforma de 2011 y al principio pro persona, el amparo se volvió la puerta de emergencia para miles de familias cuando la burocracia cerró todas las demás. Como médico desde 1978 y legislador en cinco ocasiones, lo he visto en carne propia: cuando las instituciones fallan, el amparo salva vidas. Hoy, con la reforma a la Ley de Amparo aprobada por Morena hace 2 días, esa puerta se cerró, dejando a las personas —sobre todo a los más vulnerables— desamparadas en salud.
¿Qué cambiaron? Dos cosas que parecen técnicas pero golpean directo al paciente. Primero, el "interés legítimo", ahora se exige que el daño sea real, directo y diferenciado y que el beneficio del amparo sea “cierto y no hipotético”. En cristiano: las organizaciones de pacientes, defensores comunitarios o padres de familia que han litigado para proteger a un grupo (niñas y niños con cáncer, personas con enfermedades raras, comunidades apartadas) quedarán con las manos atadas si no prueban un perjuicio individualizado de cada caso. Eso no es acceso a la justicia; es una carrera de obstáculos.
Segundo, "las suspensiones", el dictamen restringe su procedencia cada vez que, a juicio de la autoridad, se afecte el "interés social" o el "orden público". ¿El resultado? Un paciente que necesita importar un medicamento sin registro —porque es su única alternativa terapéutica— ya no podría obtener la suspensión para continuar su tratamiento. También se dificultan las suspensiones para obligar al abasto de fármacos oncológicos cuando el desabasto golpea a cientos a la vez. Se judicializa la emergencia a cuentagotas y se burocratiza la compasión.
¿Por qué digo que esto lastima el derecho a la salud? Porque la Suprema Corte ya nos mostró, con sentencias concretas, que el amparo ha sido la herramienta que protege a quienes no tienen otra voz: 1) En la Contradicción de Tesis 255/2021 y 8/2022, la Corte ordenó tramitar oficiosamente la suspensión para que niñas, niños y adolescentes recibieran la vacuna contra COVID-19, reconociendo que negar ese biológico los ponía en riesgo imposible de reparar. Gracias a ello, miles se vacunaron a tiempo.
2) Cuando las instituciones se negaron a suministrar medicamentos no incluidos en los catálogos, la doctrina judicial estableció que procede la suspensión provisional con efectos restitutorios para que el paciente reciba el fármaco prescrito por su médico. Esa medida cautelar —rápida y humana— ha marcado la diferencia entre agravarse o estabilizarse. 3) En el Amparo en Revisión 227/2020, la Corte ordenó al IMSS garantizar, sin interrupciones, el tratamiento antirretroviral de un paciente con VIH, recordando que disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad son estándares exigibles, no favores.
4) En materia de salud reproductiva, la Corte invalidó normas que comprometían la autonomía, la igualdad y la salud de mujeres y personas gestantes (Acciones de Inconstitucionalidad 72/2021 y 107/2019). El mensaje es claro: el Estado no puede usar la ley para negar servicios de salud esenciales. Estos avances conviven con historias muy concretas que he llevado a la tribuna. Cuando el IMSS negó implantes cocleares a niñas y niños por no estar “en el reglamento”, fue un amparo el que abrió la puerta y los dispositivos llegaron. Cuando el desabasto oncológico puso en jaque a familias enteras, fueron amparos los que obligaron a entregar tratamientos. Debilitar el amparo es debilitar la salud.
La reforma de Morena, además, prohíbe que las suspensiones tengan "efectos generales". Tradúzcalo así: aunque una norma sea evidentemente inconstitucional y dañe a todos, el juez no podría detenerla para la población; cada familia tendría que litigar sola, una y otra vez, pagando abogados y esperando meses. Eso no es justicia; es una lotería en la que gana quien tiene más tiempo y dinero.
No se trata de "judicializar la política", sino de humanizar la ley. La Corte ha reconocido
derechos que el Congreso no había detallado —consentimiento informado, acceso a
medicamentos, cuidados paliativos— porque la vida no espera calendarios legislativos.
Cuando el Poder Judicial protege, no suplanta a nadie: hace valer la Constitución.
Por eso alzamos la voz en la Cámara de manera infructuosa para preservar al amparo como
el último bastión que defiende a la gente de los abusos y de la indiferencia, pero los
legisladores de Morena y partidos rémoras no lo permitieron, lo que hará que el monopolio
de salud pública se vuela más ineficiente y sordo frente al dolor ajeno como lo hemos visto
en los últimos 7 años.
A las y los lectores del AM les digo con franqueza, el desamparo arrasará con nuestro ya
frágil sistema de salud. Seguiremos luchando y necesitamos su ayuda.