Para comprender la situación de la salud en una comunidad, se emplea un indicador clave: la esperanza de vida al nacer (EVN). Este refleja no solo el promedio de años que se espera vivan las personas nacidas en una fecha específica —asumiendo que las tendencias actuales de mortalidad prevalezcan— sino también el bienestar social que disfruta una población. Además, la EVN es sensible a las condiciones de higiene general, al desarrollo de la salud pública, al acceso y calidad de los servicios de salud.
Recientemente, las Perspectivas de la Población Mundial 2022, publicadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), confirmaron lo que en esta columna se ha denunciado reiteradamente: el desempeño deficiente del gobierno en turno en México en materia de salud. La EVN en el país ha disminuido drásticamente, pasando de 72.8 años en 2019 a 71.0 años en 2021, una caída atribuible al devastador impacto de la pandemia de COVID-19.
Esta reducción no ha sido uniforme a nivel mundial. Mientras que en Asia Central, Meridional, América Latina y el Caribe, la caída fue de casi tres años, en contraste, Australia y Nueva Zelanda experimentaron un incremento de 1.2 años. La ONU resalta que en algunos países (Bolivia, Botwsana, Omán y Rusia), incluyendo a México, la pandemia ha disminuido la EVN en ¡más de cuatro años!.
El pasado martes, el partido Morena propinó un golpe más al ya debilitado Sistema Nacional de Salud, al otorgarle una naturaleza monopólica, ineficiente y, según se sugiere, corrupta. Esto se logró eliminando la obligación de la Secretaría de Salud de promover la desconcentración y descentralización de los servicios de salud y, además, despojando a las entidades federativas del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), a menos que se adhieran al convenio que centraliza la atención médica en el nuevo organismo público descentralizado y no sectorizado, conocido como "Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar" (IMSS-Bienestar).
Es crucial señalar que, desde 2020, el FASSA estaba en manos del extinto Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI, hoy IMSS-Bienestar), excepto en estados como Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco y Nuevo León, que resistieron la centralización.
Analizando los recursos asignados a la salud en la estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Federación, el IMSS manejará en 2024 una suma de 734 mil millones de pesos, adicionales a las aportaciones de las entidades federativas. Esto representa un incremento constante desde 2019, reflejando un gasto acumulado superior a los 3 billones 526 mil millones de pesos en el actual sexenio, el cual se distingue por una gestión de la salud marcada por la ineptitud y negligencia.
Los gobernadores que han firmado el convenio con el IMSS-Bienestar han renunciado a su capacidad de responder eficaz y eficientemente a las necesidades de sus poblaciones sin seguridad social, además de ceder todas las propiedades sanitarias a la Federación por al menos 30 años, dice el artículo octavo transitorio de la Ley General de Salud reformada de manera inconstitucional el 29 de mayo de este año. Esta cesión se hace más cuestionable ante la evidente falta de resultados palpables, reflejada en la disminución de la EVN.
Las entidades que no han firmado el convenio con el IMSS-Bienestar se enfrentan a un asfixia financiera. A pesar de recibir su aportación federal, son excluidas del Fondo Nacional de Salud para el Bienestar (FONSABI) y se les niegan recursos para basificar personal, crear nueva infraestructura sanitaria o mantener sus instalaciones.
Las consecuencias más devastadoras de una gestión ineficiente en el sector salud recaen sobre los más desfavorecidos: mexicanos que enfrentan enfermedades de alto costo, como el cáncer, los trasplantes y los infartos cardiacos. Son al menos 64 afecciones las que, en teoría, deberían estar cubiertas integralmente. Además, la carga cae también sobre los hombros de los profesionales de la salud, quienes, a pesar de sus largas jornadas laborales y salarios insuficientes, son presionados por el gobierno actual para influir en los gobernadores que aún resisten, instándolos a ceder ante políticas centralizadoras.
La mala administración de los 3.5 billones de pesos destinados a la salud es patente, evidenciada por el aumento de 20 a 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios sanitarios. La carencia de medicamentos e insumos esenciales para la atención médica, el incremento en la tasa de mortalidad materna y la omisión del tamiz metabólico y auditivo ampliado son solo algunos ejemplos de las deficiencias.
Asimismo, la atención a la salud mental es prácticamente inexistente, y las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, la hipertensión arterial, y los riesgos cardiovasculares, así como los índices de sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes y adultos, han aumentado de manera alarmante. México reclama y merece más salud.