"Cuando la simulación mañanera gubernamental se estrella contra la realidad"
La realidad sobre el abasto de medicamentos en México no admite más simulaciones ni cifras maquilladas. A septiembre de 2025, la crisis farmacéutica que comenzó en 2018 al suspender la ruta de las licitaciones consolidadas durante el periodo de transición, sigue lacerando a millones de pacientes, mientras el discurso oficial insiste en niveles de abasto que no corresponden con la experiencia cotidiana en hospitales y clínicas. Como médico, administrador público y legislador, sumando las voces autorizadas de Juan de Villafranca (AMELAF), Rafael Gual (CANIFARMA), Enrique Martínez y José Carlos Ferreya (INEFAM), las columnas demoledoras de Sergio Sarmiento, así como evidencias públicas irrefutables, es momento de decir la verdad: el gobierno federal grita de desesperación ante una realidad que no puede ocultar, mientras los verdaderos responsables de esta tragedia sanitaria siguen sin rendir cuentas.
El abismo entre las cifras oficiales y la realidad hospitalaria
La Secretaría de Salud federal presume un abasto del 97%, pero simultáneamente exhibe a más de 30 empresas por incumplir entregas masivas de medicamentos. Esta contradicción fundamental expone la fragilidad de los datos oficiales. Como señala agudamente Sergio Sarmiento en su columna del 17 de septiembre: "Si López Obrador logró su mayor triunfo en la reducción de la pobreza, su mayor fracaso se encuentra en el sistema de salud". Las promesas del expresidente de que México tendría "un mejor sistema de salud que Dinamarca" se estrellaron contra una realidad dramática: el desmantelamiento deliberado de un sistema que, con todas sus fallas, funcionaba mejor que el actual.
La evidencia más contundente de esta simulación la encontramos en las cifras de desabasto específico. Eduardo Clark, subsecretario de Salud, reveló que 32 empresas, entre ellas como Bioxintegral Servicios presentan un incumplimiento del 100%, sin entregar ni una sola pieza de las 5,356 contratadas. Productos Farmacéuticos Serral acumula un retraso del 88%, dejando sin entregar 150,000 piezas de 170,000 solicitadas. Abastecedora Higiénica de Sonora incumplió con 2.4 millones de piezas de las 3 millones pactadas. Estos números no son abstracciones estadísticas: representan tratamientos específicos para pacientes reales con cáncer, diabetes, hipertensión y otras enfermedades críticas.
Las voces de la industria: entre la responsabilidad y la desesperación financiera
Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de AMELAF, ha sido contundente en sus declaraciones públicas: "El problema no es grave, el incumplimiento de Amelaf es menor al 20% y en muchos casos no nos reciben los medicamentos porque en los centros de distribución no hay orden y están saturados". Esta declaración revela dos problemas estructurales críticos: primero, la saturación logística en centros gubernamentales que impide incluso recibir medicamentos ya fabricados; segundo, la diferencia radical entre el desempeño de la industria mexicana establecida versus empresas extranjeras improvisadas.
Villafranca es especialmente crítico con las adjudicaciones a empresas de origen indio: "Muchas de las empresas que señalaron son desconocidas y sí nos preocupa que compañías sin antecedentes de venta a gobierno afecten la imagen de la industria. Ofrecieron vender medicamentos a precios irrisorios y resulta que no van a entregar nada, porque ni fabrican ni producen medicinas". Esta denuncia expone la irresponsabilidad gubernamental al otorgar contratos millonarios basándose únicamente en precios bajos, sin verificar capacidad real de producción ni antecedentes de cumplimiento.
Por su parte, Rafael Gual, director de CANIFARMA, aporta cifras devastadoras sobre el impacto financiero: el gobierno federal mantiene una deuda de 14,000 millones de pesos con la industria farmacéutica, correspondiente a contratos de 2023, 2024 y 2025. "Cerca del 80% de ese adeudo corresponde a este año y a los dos previos", explicó Gual, quien añadió que esta situación "puede comprometer el capital de trabajo de la propia industria". Simultáneamente, AMELAF reclama 5,000 millones adicionales desde 2021, principalmente del extinto INSABI, ahora bajo responsabilidad del IMSS-Bienestar.
El análisis demoledor de Sergio Sarmiento: promesas rotas y decisiones desastrosas
Las columnas de Sergio Sarmiento han documentado meticulosamente el desastre del sistema de salud mexicano. En su análisis del 16 de septiembre de 2025, Sarmiento recordó la promesa presidencial del 9 de abril de 2019: "Queremos garantizar el derecho a la salud y que al final del gobierno podamos decir que la atención médica en México y los medicamentos se van a entregar, van a ser gratuitos". El resultado fue exactamente lo contrario: en 2018, 20.1 millones de personas carecían de acceso a servicios de salud; en 2024, la cifra había aumentado a 44.5 millones.
Sarmiento documenta las decisiones que causaron esta catástrofe: "Eliminó el Seguro Popular, sin más fundamento que decir que no era seguro ni popular. Millones de personas sin seguridad social se quedaron sin cobertura médica". Más grave aún, desmanteló las compras consolidadas del IMSS "que realizaba con razonable eficiencia para todo el sector público. AMLO dijo que eran corruptas, pero nunca presentó pruebas". Las compras pasaron por múltiples dependencias —Oficialía Mayor de Hacienda, UNOPS, Insabi, Birmex— hasta llegar a la "Megafarmacia", que Sarmiento califica como "un elefante blanco".
Marco legal aplicable: la hora de las consecuencias jurídicas
La crisis del desabasto farmacéutico no solo representa un problema de salud pública, sino una cadena masiva de incumplimientos contractuales y responsabilidades administrativas que amerita la aplicación rigurosa del marco legal existente. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su nueva versión de abril 2025, establece mecanismos específicos para garantizar el cumplimiento de contratos mediante fianzas y garantías.
Según la Guía para la Calificación, Aceptación y Remisión de Garantías de la Tesorería de la Federación, las fianzas en contratos públicos deben cubrir "el importe principal de la obligación garantizada y los accesorios causados durante la vigencia del contrato". En casos de incumplimiento, "la autoridad que tenga a su cargo el control y vigilancia de la obligación garantizada integrará el expediente relativo a la garantía para su efectividad", procediendo a hacer efectivas las fianzas correspondientes.
Para funcionarios públicos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece sanciones que van desde amonestación hasta inhabilitación temporal, sanción económica y destitución. Como lo establecen los artículos correspondientes, "cuando se acredite la responsabilidad administrativa, se impondrán las sanciones correspondientes", incluyendo inhabilitación temporal "para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas".
Sanciones penales y responsabilidad solidaria
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara sobre las consecuencias legales: "Donde se encuentre que es malintencionado, tiene que haber denuncia penal. No solamente que no se vuelva a comprar a estas empresas, sino denuncia penal". Esta declaración no es retórica vacía: el incumplimiento deliberado de contratos que comprometen la salud pública constituye potencialmente delitos contra la salud pública, que el Código Penal Federal sanciona con prisión y multas.
Más significativo aún es el reconocimiento implícito de responsabilidad solidaria. Cuando funcionarios otorgan contratos a empresas sin capacidad comprobada de cumplimiento, o cuando permiten que se acumulen deudas millonarias que paralizan el sistema, se configura una cadena de responsabilidades que debe investigarse exhaustivamente. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ya ha comenzado investigaciones que resultaron en la destitución de funcionarios de Birmex por irregularidades que costaron 13,000 millones de pesos en sobreprecios pero a meses de los señalamientos no se conocen consecuencias reales.
La ejecución de fianzas: un mecanismo subutilizado
Uno de los aspectos más preocupantes de esta crisis es la aparente falta de ejecución sistemática de las fianzas y garantías establecidas en los contratos. Las empresas que incumplen masivamente — como Bioxintegral con 100% de incumplimiento o Serral con 88%— deberían enfrentar inmediatamente la ejecución de sus garantías de cumplimiento. El procedimiento está claramente establecido: integración del expediente de incumplimiento, determinación de divisibilidad o indivisibilidad de la obligación, y envío a la Tesorería de la Federación para efectividad.
La falta de ejecución sistemática de estas garantías no solo representa una pérdida patrimonial para el Estado, sino que envía una señal de impunidad que incentiva futuros incumplimientos. Como establece la normativa, cuando existe "incumplimiento del garante, la autoridad que tenga a su cargo el control y vigilancia de la obligación garantizada" debe proceder inmediatamente a hacer efectivas las garantías.
El costo humano de la simulación
Detrás de cada cifra de desabasto hay rostros y nombres de pacientes reales. Los colectivos como Cero Desabasto y Nariz Roja han documentado miles de casos de pacientes oncológicos infantiles sin acceso a quimioterapias, diabéticos sin insulina, hipertensos sin antihipertensivos. El mismo gobierno reconoce ahora que faltan medicamentos oncológicos críticos, después de años negando esta realidad.
La crueldad de esta situación se magnifica cuando recordamos que muchos de estos medicamentos existen, están fabricados, pero no llegan a los pacientes por problemas de distribución, pagos o decisiones administrativas. Como señala Villafranca: "El producto existe, pero no se ha podido entregar". Esta confesión inadvertida revela la dimensión ética de la crisis: no es escasez lo que mata pacientes, sino incapacidad administrativa.
Llamado a la acción: justicia, transparencia y responsabilidad
La situación actual exige acciones inmediatas y contundentes en múltiples frentes. Primero, ejecución inmediata de todas las fianzas y garantías de empresas incumplidas, comenzando por aquellas con mayor porcentaje de incumplimiento. Los 14,000 millones de pesos (o muchos más) adeudados a la industria farmacéutica mexicana deben pagarse inmediatamente para evitar el colapso del sistema.
Segundo, investigación exhaustiva de responsabilidades administrativas y penales de funcionarios que otorgaron contratos a empresas sin capacidad comprobada, especialmente aquellas de origen extranjero que ofrecieron "precios irrisorios" sin capacidad de cumplimiento. Los casos de corrupción en Birmex son apenas la punta del iceberg de un sistema que privilegió la simulación sobre la eficacia.
Tercero, aplicación rigurosa de sanciones administrativas y penales a todos los responsables, sin excepciones. La inhabilitación de empresas incumplidas debe ser automática y permanente, no temporal. Las denuncias penales por delitos contra la salud pública deben presentarse inmediatamente en casos de incumplimiento doloso.
Cuarto, rediseño completo del sistema de adquisiciones farmacéuticas, incorporando criterios de capacidad técnica, antecedentes de cumplimiento y responsabilidad solidaria de funcionarios adjudicadores. No puede repetirse el error de otorgar contratos basándose únicamente en precios bajos sin verificar capacidad real de cumplimiento.
Conclusión: por los pacientes, contra la impunidad
La crisis del desabasto farmacéutico en México no es un accidente ni una fatalidad: es el resultado directo de decisiones irresponsables, simulaciones estadísticas y la sistemática evasión de responsabilidades. Como médico, como servidor público y como ciudadano, exijo que se acabe con esta tragedia que cobra vidas humanas por negligencia administrativa.
Los gritos de desesperación del gobierno actual ante el incumplimiento de proveedores no pueden ocultar su propia responsabilidad en crear este caos. Mientras funcionarios públicos siguen cobrando sueldos millonarios, pacientes mueren por falta de medicamentos que existen pero no llegan a su destino. Esta situación es éticamente insostenible y jurídicamente perseguible.
Es hora de aplicar todo el peso de la ley, sin excepciones, sin simulaciones, sin medias tintas. Los pacientes mexicanos merecen un sistema de salud que funcione, medicamentos que lleguen a tiempo y funcionarios que respondan por sus actos. La justicia, la transparencia y la responsabilidad no son opcionales en salud pública: son obligaciones constitucionales que deben cumplirse sin excusas ni dilaciones.