En medicina, cambiar de tratamiento sin evaluar el tratamiento previo puede poner en riesgo al paciente. En política sanitaria, sustituir instituciones sin medir sus resultados puede comprometer la atención de millones de personas. México necesita aplicar a sus reformas de salud una regla elemental: demostrar qué funciona, corregir lo que falla y asegurar los recursos antes de ofrecer nuevos beneficios.
En un artículo de investigación que preparamos para su publicación, analizamos cuatro décadas de reformas a la Ley General de Salud. Revisamos 141 decretos, sus reglas de financiamiento y los cambios institucionales para atender a la población sin seguridad social. La conclusión es contundente: hemos ampliado el derecho en el papel, pero no hemos estabilizado las condiciones para ejercerlo.
No es una discusión abstracta. Para quien necesita una cirugía, la garantía del derecho no consiste en conocer el nombre del organismo responsable, sino en recibir atención oportuna sin comprometer el patrimonio familiar. Una receta sin surtir convierte una obligación pública en un gasto privado.
De los decretos analizados, 58 ampliaron derechos o prestaciones. Incorporar cuidados paliativos, fortalecer la salud mental o mejorar la detección del cáncer infantil representa un avance. El problema surge cuando el reconocimiento legal no se acompaña de personal, infraestructura, medicamentos y recursos económicos suficientes. Legislar una prestación no equivale a financiarla.
Encontramos una señal reveladora: entre los decretos con texto íntegro disponible para revisar sus transitorios, la proporción que ordenó cubrir nuevas obligaciones con el presupuesto existente pasó del 14% durante 2003-2019 al 67% en 2023-2026. Es la fórmula de prometer más sin asegurar recursos adicionales. El costo no desaparece: termina en las listas de espera, en servicios saturados o en el bolsillo del paciente.
El financiamiento también perdió precisión. El Seguro Popular tuvo limitaciones, pero estableció aportaciones definidas y una fórmula que vinculaba los recursos con lapoblación protegida. Desde 2019, esa lógica fue sustituida por un piso presupuestario sujeto a la disponibilidad. La diferencia importa: una regla permite calcular y exigir; la disponibilidad deja la protección expuesta a la negociación anual.
Mientras tanto, aceleramos los cambios institucionales. Entre la expedición de la ley y la reforma del Seguro Popular transcurrieron más de 19 años; entre esta y la del INSABI, más de 16. Los siguientes intervalos se redujeron a tres años y medio y menos de tres. El Servicio Universal de Salud agrega ahora un mecanismo de coordinación cuya operación debe demostrar resultados. Coordinar instituciones es necesario; confundir la coordinación con capacidad adicional sería un error.
Los indicadores obligan a la prudencia. La carencia de acceso a servicios de salud pasó del 16.2% en 2018 al 39.1% en 2022 y se ubicó en 34.2% en 2024. Este indicador mide la afiliación o adscripción, no la calidad ni la oportunidad. Nuestro análisis tampoco demuestra que cada cambio legal haya causado esas variaciones. Sí muestra por qué ninguna reforma debe darse por exitosa únicamente por haber sido publicada.
Como médico y legislador, considero que la responsabilidad empieza en el Congreso. Aprobar derechos sin exigir su costeo permite que el discurso avance más rápido que los servicios. Tampoco basta con que los tribunales ordenen atender casos concretos: el acceso no debería depender de la posibilidad de promover un amparo.
La agenda puede ser concreta. Primero, establecer una regla de financiamiento suficiente y previsible para la población sin seguridad social, ajustada por la inflación y las necesidades sanitarias, con aportaciones verificables. Segundo, precisar quién atiende, quién paga y cómo se compensan las instituciones cuando comparten servicios. Tercero, exigir una evaluación pública antes de sustituir cualquier arreglo institucional.
Cada iniciativa que amplíe las prestaciones debe identificar su costo y su fuente de recursos. Cada transición debe señalar los responsables, los plazos y los indicadores. Y cada autoridad debe rendir cuentas sobre la atención recibida, la continuidad de los tratamientos y la protección financiera, no solo sobre los convenios firmados.
No se trata de conservar instituciones por nostalgia ni de rechazar cambios por su origen partidista. Se trata de impedir que cada gobierno vuelva a empezar mientras los pacientes siguen esperando.
El derecho a la salud requiere algo más exigente que otra promesa de gratuidad: un Estado capaz de cumplirla. La mejor reforma no será la que más derechos anuncie, sino la que permita ejercerlos sin tener que pagarlos de nuevo.
Referencias
[1] Arias-Guzmán, Carlos; Arias Franco, Sergio; Cortés-Adame Luis Javier; Ramírez-Barba, Éctor Jaime. Más derecho, menos garantía: cuatro décadas de reformas a la Ley General de Salud de México (1984-2026). En revisión editorial. (Nov 7, 2026).
Éctor Jaime Ramírez Barba (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de la UNITE Parliamentarians Network for Global Health.