"La indiferencia es el peso muerto de la historia" Antonio Gramsci
El asesinato del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez no es sólo un síntoma más de la violencia que desangra al país y a Michoacán en particular; es, también, la trágica culminación de una vida consagrada a la denuncia social y la búsqueda legislativa de una justicia que rara vez llega a quienes más lo necesitan. Hoy, en su memoria, vale la pena repasar su paso por la LXV Legislatura en San Lázaro —donde fuimos compañeros en la Comisión de Salud—, para evidenciar cómo incluso las luchas más legítimas pueden acabar silenciadas por la indiferencia parlamentaria. Ni la premeditación ni la alevosía ni la ventaja de su homicidio pueden borrar la huella de su voz crítica en tribuna.
Carlos Manzo llegó al Congreso federal con el empuje y la convicción que le dieron las tragedias cotidianas de Uruapan: la violencia irracional que arrebata familias enteras, los índices de corrupción que minan la confianza pública y el abandono sistemático de los servicios básicos de salud. Desde tribuna, su palabra fue reiterada y firme al condenar masacres de menores, extorsiones, robos y la complicidad de las autoridades estatales en el deterioro continuo de la vida pública. Cada intervención suya estaba cargada de un sentido ético de urgencia; nunca fue un orador de trámite, sino un legislador atravesado por la conciencia del dolor social.
Dos iniciativas parlamentarias emblemáticas ilustran el calado y el sentido de sus batallas. La primera, “Disparos al aire”, buscaba incorporar al Código Penal Federal la sanción explícita para quien detone un arma de fuego apuntando al aire, conducta responsable de muertes y heridas por balas perdidas que, año con año, enlutan a familias mexicanas. Carlos documentó cómo durante las festividades patrias y decembrinas, la costumbre de disparar al aire en Michoacán —y en buena parte del país— se transforma en un acto criminal que la ley aún no sanciona con la severidad debida. Citó casos recientes: niños muertos en sus camas, heridos en fiestas y tragedias irreparables que son noticia cotidiana según la propia UNLIREC y las crónicas nacionales. Su propuesta incluía penas de uno a cuatro años de prisión y multa, más el decomiso del arma, y se fundamentó tanto en datos duros como en un reclamo moral sobre la responsabilidad colectiva.
No obstante, la suerte de la iniciativa fue el desdén: presentada en diciembre de 2021 y turnada a la Comisión de Justicia, recibió prórroga hasta mayo de 2022 y finalmente fue desechada sin dictaminación por el propio grupo parlamentario de Morena en agosto de 2024. No fue por falta de fundamento o pertinencia —una simple búsqueda hemerográfica confirma el aumento de muertes por balas perdidas en México, que según UNLIREC lo coloca como el segundo país en la región por casos documentados—, sino por la incapacidad institucional de abordar temas genuinamente incómodos para el statu quo o riesgosos para intereses electorales.
La segunda iniciativa, también ignorada, buscaba reformar el artículo 78 de la Constitución para exigir que la Comisión Permanente fuera integrada de manera paritaria, plural y sin discriminación entre los grupos parlamentarios. En un Congreso donde la palabra “paridad” suele usarse más como consigna publicitaria que como práctica efectiva, la propuesta respondía a resoluciones del Tribunal Electoral que exigieron garantizas la representación real de las minorías y la equidad de género. De haberse dictaminado, la iniciativa habría incrementado a 63 los miembros de la Comisión, asegurando la presencia proporcional de todas las fuerzas y una Mesa Directiva de verdadero equilibrio democrático. No obstante, la congeladora legislativa volvió a hacer de las suyas: ninguna comisión abordó el dictamen, y la pluralidad siguió siendo mero adorno retórico.
Carlos Alberto Manzo Rodríguez, sin embargo, no limitó su combate a las iniciativas estructurales. En cada oportunidad, denunció con nombre y apellido a los responsables del deterioro social en Michoacán: los gobiernos estatales que derrocharon recursos en privilegios o se confundieron con los intereses de la delincuencia organizada, las policías que violaron su fuero, la connivencia de autoridades ante extorsiones, levantones y amenazas directas contra su vida. No dudó en responsabilizar públicamente al gobernador de cualquier atentado en su contra. En tribuna, denunció el abandono del hospital regional, el desabasto de medicamentos y la corrupción de los modelos privatizados de salud heredados de sexenios previos. Su lucha fue por la dignificación de las víctimas, el fortalecimiento de la seguridad social para menores, el combate a la narcopolítica y la justicia para los más vulnerables.
Pero como tantas voces en el Congreso, la de Manzo encontró su límite en el cesto del olvido. Ni la contundencia de sus palabras ni la gravedad de los hechos pudieron vencer el aparato político de Morena y aliados, que prefieren la inacción antes que incomodarse. Sus iniciativas, inéditamente fundadas en evidencia y principios de conciencia social, se estrellaron contra un muro invisible de complicidades. Hoy, el crimen que le arrancó la vida es también un crimen contra la esperanza de que el Congreso, alguna vez, respalde a quienes denuncian y proponen en nombre de la dignidad común.
Rendir homenaje a Carlos Alberto Manzo Rodríguez es, por tanto, exigir que ninguna iniciativa relevante quede sin dictaminar; que la justicia social no se quede en discurso, y que la memoria de sus luchas inspire a romper —de una vez por todas— la espiral de impunidad y olvido parlamentario. En San Lázaro, su paso fue breve, pero su legado es profundo: nos recuerda que hasta los disparos al aire pueden, tarde o temprano, caer sobre la conciencia de quienes callan y consienten.