"Héroes sin salario digno"
El 5 febrero de 2024, se presentó una iniciativa del ejecutivo federal con un propósito sencillo pero de profundo alcance social: garantizar salarios dignos para quienes día a día sostienen a México desde la primera línea de servicio público—maestros de nivel básico, médicos, enfermeros, policías, integrantes de la Guardia Nacional y fuerzas armadas.
Esta reforma al artículo 123 de nuestra Constitución fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados el 24 de septiembre de 2024; luego por unanimidad en el Senado el 7 de octubre de 2024 y, de manera histórica, también por unanimidad en los 31 congresos estatales y el de la Ciudad de México el mismo mes.
Nunca en los últimos años una reforma constitucional había generado tan amplio consenso. Nunca una modificación a la Carta Magna había reflejado de manera tan clara y transversal el anhelo de justicia laboral y la voluntad política de todo el país. Y sin embargo, esta reforma sigue sin entrar en vigor. ¿La razón? No ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el mismo Ejecutivo Federal que la propuso.
Este silencio administrativo, que a algunos puede parecer burocrático o técnico, es en realidad profundamente político. Y lo es porque al no publicarse, se está negando a millones de trabajadoras y trabajadores del sector público el derecho constitucional a recibir un salario que no esté por debajo del promedio nacional registrado ante el IMSS. En concreto, se les está negando un mínimo de $16,777 pesos mensuales.
¿Quién puede estar en contra de esto? ¿Quién se beneficiaría de que las maestras sigan ganando $12,500 mensuales, que una enfermera del IMSS reciba entre $5,752 y $9,645 pesos, o que un médico tenga que conformarse con $9,184 a $12,095? La respuesta es incómoda: quienes prefieren mantener el control político del presupuesto sin atarse a compromisos constitucionales claros. Esta omisión da al Ejecutivo federal margen para seguir administrando las finanzas públicas como si fueran caja chica, sin verse obligado a reflejar en el gasto lo que la Constitución, el Congreso y los estados ya decidieron por unanimidad.
La reforma al artículo 123 tiene dos ejes clave: el primero, que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación; el segundo, que trabajadores esenciales del Estado—educación, salud y seguridad—tengan un ingreso mensual no menor al promedio nacional del IMSS. Es decir, establece un “piso de dignidad” para quienes sostienen el funcionamiento básico del país.
Durante décadas, estos sectores han sido postergados. A pesar de que cargan sobre sus hombros el peso de la educación de millones, la salud de todos y la seguridad pública, sus ingresos se ubican por debajo de lo que se necesita para vivir con dignidad. Por eso esta reforma fue tan contundente en su respaldo. Por eso no tiene sentido que duerma el sueño de los justos en algún cajón de Palacio Nacional.
Publicar esta reforma es una cuestión de justicia y legalidad. El artículo 135 de la Constitución es claro: una vez aprobada por ambas Cámaras y por la mayoría de las legislaturas estatales, la reforma debe ser publicada para entrar en vigor. No dice “podrá”, ni “cuando convenga”, ni “cuando haya presupuesto”. Dice que debe ser publicada.
¿Qué está esperando la Presidenta Sheinbaum para hacerlo? ¿Ajustes presupuestales? ¿El fin del sexenio? ¿Que no le reste protagonismo a sus programas clientelares? Sea cual sea la razón, ninguna es aceptable frente a la justicia que se está posponiendo. Porque mientras se omite esta publicación, los maestros siguen esperando, los médicos siguen trabajando jornadas extenuantes con salarios bajos, y las enfermeras siguen entregando su vocación a cambio de sueldos que no alcanzan para cubrir una canasta básica.
La publicación de esta reforma también es una señal hacia el futuro. Es decirle a las nuevas generaciones de servidores públicos que sí vale la pena estudiar enfermería, medicina o magisterio; que la vocación puede tener recompensa; que el Estado no los va a abandonar. Retrasarla es, en cambio, mandar el mensaje opuesto: que el trabajo duro no paga, que las promesas constitucionales son papel mojado y que el Estado prefiere gastar en propaganda antes que en justicia.
Desde esta tribuna, como legislador, médico y ciudadano, hago un llamado respetuoso pero firme al Ejecutivo Federal: publique ya esta reforma lista desde hace 207 días en el Diario Oficial de la Federación. No hay justificación técnica ni legal para seguir retrasando su entrada en vigor. Lo único que queda es cumplir la ley y honrar la palabra empeñada por todas las fuerzas políticas del país. La dignidad no se posterga. México no puede seguir siendo un país que reconoce con aplausos a sus médicos, maestras y policías... pero los relega con sueldos indignos.
¡Felicidades a mi esposa Elvia y a todas las mamás en este su día!