"El escándalo es el silencio" Jean-Paul Sartre
En México vivimos una de las peores crisis sanitarias de los últimos años: una epidemia de sarampión y un repunte histórico de tosferina, ambas enfermedades prevenibles mediante vacunación. Sin embargo, a pesar de la gravedad del problema —más de mil casos de sarampión, casi mil de tosferina y decenas de muertes infantiles—, el tema apenas ocupa titulares, no genera indignación social y mucho menos se traduce en exigencias de rendición de cuentas. ¿Por qué no es un escándalo nacional que niños mueran por enfermedades que deberían estar erradicadas, cuando el dinero para las vacunas existía y el gobierno federal decidió no ejercerlo?
Al 29 de mayo de 2025, el brote de sarampión ya suma 1,856 casos confirmados en 17 estados y 57 municipios. La gran mayoría de los afectados no estaban vacunados (94%). La situación con la tosferina es igual de grave: 978 casos confirmados y 51 muertes de bebés menores de un año, todos sin vacunar. Los contagios de tosferina son diez veces más altos que el año pasado y han afectado a 31 estados del país. Las víctimas son, en su mayoría, bebés menores de seis meses, el grupo más vulnerable y completamente dependiente de la inmunización materna y del acceso oportuno a las vacunas.
Estas tragedias no son fruto de la fatalidad ni de la ignorancia individual. Son consecuencia directa de la negligencia institucional y del subejercicio presupuestal. El gobierno federal contó con el dinero autorizado para adquirir vacunas, pero no lo ejerció a tiempo ni en su totalidad. El desabasto de biológicos, la desorganización en su distribución y la ausencia de campañas efectivas de vacunación dejaron sin protección a cientos de miles de madres y niños en todo el país. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022 ya advertía que solo el 70% de la población infantil estaba vacunada contra el sarampión, lejos del 95% necesario para lograr inmunidad comunitaria. La pandemia de COVID-19 agravó el rezago, pero la incapacidad de retomar el ritmo de vacunación y el subejercicio del presupuesto son responsabilidad exclusiva de las autoridades sanitarias.
La pregunta central es por qué, a pesar de la evidencia y del sufrimiento evitable de miles de familias, esta epidemia no ha detonado una crisis política ni social. Existen varias explicaciones posibles: 1. Normalización de la negligencia. La falta de acceso a servicios básicos de salud y la muerte de niños por causas prevenibles (o por desabasto de medicamentos oncológicos) se han vuelto tan comunes que ya no sorprenden. La indignación social se diluye en la cotidianidad de la carencia, y la negligencia gubernamental se percibe como parte del paisaje institucional.
2. Desinformación y minimización oficial del problema. Las autoridades han atribuido los brotes a grupos específicos —como comunidades menonitas o migrantes— y evitan reconocer la magnitud nacional del rezago vacunal. La comunicación oficial se limita a boletines técnicos y llamados genéricos a la vacunación, sin asumir responsabilidad por el subejercicio presupuestal ni por la falta de campañas masivas y sostenidas.
3. Saturación informativa y fatiga social pospandémica. Tras la pandemia de COVID-19, la sociedad enfrenta una fatiga informativa en torno a temas de salud pública. Los medios priorizan otros asuntos en la agenda política, como la controvertida elección del Poder Judicial, relegando los brotes de enfermedades prevenibles a notas de segunda plana.
4. Falta de presión mediática y política. A diferencia de otros países, en México la prensa y la oposición política rara vez logramos convertir los problemas de salud pública en escándalos nacionales. La opacidad institucional y la falta de acceso a la información dificultan la labor periodística y obstaculizan la rendición de cuentas sobre el presupuesto de vacunación.
5. Desigualdad y vulnerabilidad social. Las víctimas de estas epidemias son, en su mayoría, niños de familias pobres, comunidades rurales o grupos marginados, sin voz ni representación en los espacios de decisión. La muerte de un bebé menonita en Chihuahua o de un niño indígena en Chiapas no tiene el mismo peso mediático que la de un menor en la capital del país.
Estimadas lectoras y lectores: la ausencia de escándalo no es inocua; perpetúa la impunidad y condena a nuevas generaciones a riesgos evitables. La epidemia de sarampión y las muertes por tosferina son la prueba más dolorosa de que la salud pública no es prioridad para quienes hoy gobiernan. El subejercicio del presupuesto autorizado para vacunas es, en los hechos, una condena de muerte para los más vulnerables. En otros países, el resurgimiento de enfermedades prevenibles ha desatado crisis políticas, renuncias de funcionarios y reformas estructurales en los sistemas de salud. En México, en cambio, la negligencia se administra, se justifica y se olvida.
¿Y usted, qué opina?