"Donde hay poca justicia es un peligro tener razón” Francisco de Quevedo
México tiene hoy un mapa muy preciso de cómo se están violando los derechos humanos, y el Censo Nacional de Derechos Humanos 2025 publicado esta semana por el INEGI deja claro que salud, seguridad social y acceso a la información son frentes críticos que no pueden seguir tratándose como temas técnicos, sino como problemas de justicia y de dignidad.
El dato más incómodo del reporte es que, entre todos los hechos presuntamente violatorios que investiga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el más frecuente es la omisión de la prestación de atención médica. Esa sola categoría representa 18.1% de los hechos analizados por la CNDH: es decir, casi dos de cada diez casos están vinculados con negar, retrasar o no brindar la atención que la Constitución reconoce como derecho.
En paralelo, se documenta también la omisión en el suministro de medicamentos, así como la negativa o inadecuada prestación de servicios públicos de salud, lo que dibuja una cadena de fallas: se vulnera el derecho desde la puerta de entrada (citas, consultas, urgencias) hasta el acceso efectivo a tratamientos. Estas cifras desmienten la narrativa federal de que se trata de “casos aislados” y obligan a mirar la política de salud no solo en términos de cobertura o presupuesto, sino de responsabilidad jurídica frente a cada persona que queda sin atención.
El informe también coloca en el banquillo a las grandes instituciones de seguridad social. En 2024, en 31.6% de los expedientes de queja calificados por la CNDH como presuntamente violatorios se señaló al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como probable responsable; le siguieron el Sistema Penitenciario Federal y el Instituto Nacional de Migración, además del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Que más de un tercio de los casos federales apunten al IMSS e ISSSTE revela que los problemas de saturación, desabasto o maltrato no son solo desafíos administrativos, sino fallas estructurales en la garantía del derecho a la seguridad social. Si se cruzan estos datos con los tipos de violaciones (omisión de atención médica, falta de medicamentos, trato indigno), el mensaje es contundente: la seguridad social está dejando sin protección justamente a quienes más dependen de ella, y el costo se mide en agravios, no en estadísticas abstractas.
El censo muestra que la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública es la conducta más frecuente registrada por los organismos estatales de derechos humanos, representando 14.0% de los hechos presuntamente violatorios que ellos califican. Detrás de esa cifra hay expedientes donde la falta de fundamentación y motivación de los actos de autoridad, la ausencia de información clara y la opacidad administrativa terminan siendo la puerta de entrada a otros abusos.
Cuando las autoridades actúan sin explicar, sin documentar o sin dejar acceso a la información, no solo vulneran el derecho a saber, sino que colocan a la ciudadanía en una posición de indefensión frente al poder. En ese contexto, el derecho de acceso a la información deja de ser una herramienta de transparencia para convertirse en un mecanismo de defensa frente a decisiones que impactan salud, seguridad social y seguridad pública, y cuya opacidad alimenta la impunidad.
La estadística también pone rostro a las violaciones: mujeres, personas privadas de la libertad y personas adultas mayores encabezan la lista de grupos que motivan el mayor número de solicitudes de queja ante los organismos públicos de derechos humanos. Solo las mujeres suman 18,439 solicitudes, seguidas por 8 390 relacionadas con personas privadas de la libertad y 4 798 con personas mayores.
En paralelo, los temas de capacitación más frecuentes en los organismos estatales son derechos de niñas, niños y adolescentes, prevención de la violencia y violencia contra las mujeres, lo que habla de una institucionalidad que reconoce en el discurso la centralidad de estos temas, pero que no logra evitar que sean, justamente, los grupos que más recurren a la queja. Resalta que hablamos más de derechos de los que somos capaces de garantizar.
La columna vertebral de este reporte es clara: el problema no es la ausencia de leyes, sino la distancia entre el marco normativo y la práctica cotidiana de las instituciones encargadas de hacer realidad el derecho a la salud, a la seguridad social y a la información. Si la información que genera el propio Estado se queda en "presentación de power point" y no se convierte en agenda pública, los mismos patrones de violación se repetirán generación tras generación; por eso, la tarea hoy es transformar estos hallazgos en exigencia ciudadana y política: menos discursos sobre derechos humanos y más resultados medibles en la vida de las personas.