"Busca ayuda, rompe el silencio" Michael Phelps
En México enfrentamos una crisis silenciosa de salud mental que durante demasiado tiempo ha permanecido invisibilizada. Las estadísticas son contundentes: casi 3 de cada 10 mexicanos presentarán algún trastorno mental a lo largo de su vida, y alrededor del 14% en un año dado.
La depresión y la ansiedad son particularmente prevalentes; por ejemplo, se estima que 15 de cada 100 mexicanos padecían depresión en 2020, cifra que aumentó a 20 de cada 100 para 2023, un salto del 33% en apenas tres años, sitúandose Guanajuato entre los estados con mayor aumento. Sin embargo, la respuesta institucional no ha estado a la altura: sólo 2 de cada 10 personas con algún problema de salud mental buscan atención especializada, y típicamente lo hacen tras 4 a 12 años de haber manifestado los primeros síntomas. En Guanajuato se reportaron 13 mil 461 personas con depresión en el año 2023. Este enorme rezago en la atención implica años de vida perdidos en sufrimiento y discapacidad, algo inadmisible en un país que dice valorar la salud como un derecho humano básico.
La nueva administración federal ha delineado su Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 enfocándose en enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad. Nada de esto está mal, pero preocupa gravemente que la salud mental quede relegada. En la presentación oficial del plan se enfatizó la modernización del sistema de salud, la vacunación y la atención primaria, pero no se hizo mención específica de la salud mental creando un silencio programático y presupuestario.
Olvidar la salud mental tendría consecuencias desastrosas: la depresión, por ejemplo, ya es la principal causa de años vividos con discapacidad en las mujeres mexicanas y la novena en hombres, y a nivel mundial es la cuarta causa de pérdida de años de vida saludables. Además, las muertes por suicidio en México han ido en aumento, pasando de una tasa de 5.3 por 100 mil habitantes en 2017 a 6.3 en 2022, una señal alarmante del sufrimiento psíquico desatendido. Cada suicidio es una tragedia prevenible si existieran redes de apoyo y atención temprana eficaces.
Lo más preocupante es que México está incumpliendo compromisos internacionales en materia de salud mental y derechos humanos. En 2017, nuestro país votó a favor del Plan de Acción Mundial sobre la Respuesta de Salud Pública a la Demencia de la OMS, comprometiéndose a implementarlo. A la fecha, poco se ha avanzado. Actualmente México cuenta con un Plan Nacional de Demencia, pero la organización "Alzheimer’s Disease International" nos clasifica en nivel 4b, es decir, tenemos un plan pero sin financiamiento adecuado para ejecutarlo.
Esto es sumamente grave considerando que aproximadamente 1.3 millones de mexicanos padecen Alzheimer – la forma más común de demencia – y que para 2050 esa cifra podría llegar a 3.5 millones debido al envejecimiento poblacional.
En otras palabras, enfrentamos una bomba de tiempo epidemiológica, pero no estamos destinando los recursos necesarios. De hecho, el presupuesto público para salud mental en 2024 es de apenas 3,819 millones de pesos, cuando los estándares regionales sugieren que deberíamos invertir al menos el triple (cerca de 10 mil millones de pesos) para equipararnos con otros países de América.
En cuanto a personal, la OMS recomienda al menos 1 psiquiatra por cada 10 mil habitantes, pero México tiene menos de la mitad de esa recomendación: solo alrededor de 0.36 psiquiatras por 10 mil habitantes, lo que implica servicios saturados e insuficientes. He podido conocer de primera mano las historias de cuidadores familiares exhaustos, especialmente en el caso de enfermedades como la demencia. Los datos indican que un 44% de quienes cuidan a adultos mayores dependientes son sus hijas o nietas, generalmente mujeres que ponen en pausa su propio proyecto de vida y empleo para atender a su ser querido.
Sin embargo, no existen en México estrategias específicas para apoyar a las personas con demencia ni a sus cuidadores familiares. Desde el PAN estamos impulsando que el gobierno adopte el enfoque de derechos humanos: las personas con enfermedades mentales y sus cuidadores tienen derecho a recibir apoyo del Estado. La nueva guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2025 sobre políticas de salud mental publicada hace unos días, subraya precisamente la integración del enfoque de derechos humanos en todas las acciones y la importancia de proveer cuidados centrados en la persona, comunitarios y libres de estigma. El llamado global es a transitar del encierro institucional al apoyo en la comunidad, a combatir la discriminación y a incluir a los pacientes y sus familias en las decisiones sobre su atención. No podemos quedarnos atrás: ignorar la salud mental no solo perpetúa violaciones al derecho a la salud, sino que erosiona nuestra cohesión social y desarrollo.
Continuará la próxima semana...