“Si financiamos mejor la salud, el gasto catastrófico dejará de ser destino y se volverá excepción”
En México, la enfermedad sigue doliendo doble, primero en el cuerpo y luego en el bolsillo.Mientras no cambiemos la forma de financiar la salud, cada hospitalización o tratamiento de alto costo continuará siendo una amenaza para la estabilidad económica de los hogares más pobres. La evidencia nacional e internacional es consistente al mostrar que, cuando el Estado invierte poco en salud, las familias terminan cubriendo la diferencia con su propio dinero y, muchas veces, con deuda.
El primer paso que proponen los expertos consiste en aumentar de manera sostenida la inversión pública. Organismos internacionales recomiendan destinar alrededor del 6 % del producto interno bruto a la salud, mientras que México se mantiene por debajo de la mitad de esa meta. Este rezago se traduce en hospitales saturados, desabasto de medicamentos y listas de espera que llevan a las personas a consultorios privados y farmacias. Diversos centros de análisis coinciden en que los ajustes administrativos no bastan y plantean la necesidad de una reforma fiscal progresiva que genere ingresos adicionales etiquetados para salud, con reglas claras de asignación y una evaluación transparente del desempeño.
Otra pieza clave se relaciona con el gasto de bolsillo, que hoy sitúa a México entre los países con la mayor carga financiera para las familias. De cada cien pesos destinados a salud, más de cuarenta y seis salen directamente del bolsillo de los hogares, una proporción que prácticamente duplica el promedio de los países de la OCDE. Entre 2018 y 2024, este desembolso aumentó de forma importante en términos reales y el gasto promedio por hogar se elevó, con alzas más marcadas en los deciles de menores ingresos. La mayor parte de este dinero se destina a la compra de medicamentos, lo que puede representar hasta la mitad del gasto sanitario familiar cuando falla el abasto gratuito en las instituciones públicas. Las y los especialistas plantean como respuesta fortalecer de verdad el primer nivel de atención, garantizar el surtimiento completo de recetas esenciales y eliminar cobros informales o cuotas que hoy se disfrazan de recuperación de costos.
También preocupa el crecimiento de los llamados gastos catastróficos en salud, que superan el 30 % de la capacidad de pago de un hogar. En los últimos años, el número de familias en esta situación ha crecido notablemente hasta superar el millón de hogares. Para revertir la tendencia, se propone asegurar la gratuidad real mediante un paquete explícito de servicios prioritarios que incluya la atención de enfermedades crónicas, padecimientos de alto costo como el cáncer y las urgencias, así como construir un fondo de alto costo con reglas transparentes que evite que la posibilidad de tratamiento dependa del saldo en la cuenta bancaria de cada familia. La idea es que la enfermedad no obligue a vender patrimonio ni a endeudarse de forma crónica.
Los estudios sobre protección financiera en salud subrayan que el gasto de bolsillo y el riesgo de endeudamiento no se distribuyen de manera homogénea. Se concentran en hogares con adultos mayores, personas que han tenido hospitalizaciones recientes y jefes de hogar sin empleo formal. Por ello se recomienda diseñar programas específicos de apoyo para cuidadores y familias con miembros dependientes, así como esquemas de aseguramiento público para quienes trabajan en la informalidad y hoy quedan en un limbo de cobertura.
Complementar la atención médica con apoyos sociales y económicos dirigidos a estos grupos puede marcar la diferencia entre un episodio de enfermedad manejable y una caída irreversible en la pobreza.
La experiencia de otros países demuestra que cuando el Estado financia la mayor parte del gasto en salud, el bolsillo de las familias deja de ser la primera línea de defensa. México ha seguido el camino inverso y, por eso, hoy los hogares pagan mucho más que el promedio internacional en desembolsos directos. La buena noticia es que conocemos los elementos de la solución. Se requieren más inversión pública bien dirigida, un abasto confiable de medicamentos, un paquete garantizado de servicios sin sorpresas en la caja del hospital y mecanismos de protección específicos para quienes corren mayor riesgo de empobrecerse por motivos de salud.
Mientras sigamos financiando la enfermedad con tarjetas de crédito, préstamos personales o colectas familiares, la promesa de un sistema de salud universal seguirá siendo solo eso, una promesa. Convertirla en realidad exige decisiones políticas claras y sostenidas que pongan en el centro a los hogares que hoy se endeudan para ejercer el derecho más básico, el derecho a recibir atención cuando la salud se rompe. La pregunta ya no es si podemos permitirnos invertir más en salud, sino si podemos seguir pagando el costo social y económico de no hacerlo.