"El precio de desentenderse de las personas mayores es convertir la vejez en una condena"
La semana pasada dejamos la historia enfatizando que mientras la generación de 50 años y más envejecía con más obesidad, hipertensión, diabetes, caídas, depresión y discapacidad, el gobierno federal presumía “primero los pobres” y “primero los adultos mayores”, pero dejaba sin gastar miles de millones de pesos destinados justamente a prevenir esa catástrofe anunciada.
Vale la pena hacerles la siguiente pregunta, estimados lectores: ¿qué hace un gobierno que recorta la protección en salud, subejercita el presupuesto preventivo y, al mismo tiempo, aumenta el número de personas que dependen de él para sobrevivir? La respuesta está en los datos, no en los discursos.
De acuerdo con la ENASEM 2024, el 68% de las personas de 50 años y más están casadas o unidas, pero el 15,4% ya son viudas; entre las mujeres, la viudez llega al 22,6%, más de tres veces lo que se observa en los hombres (7,3%). Es decir: millones de mujeres mayores están envejeciendo solas, con menos ingresos, más enfermedades crónicas y más síntomas depresivos. En el grupo de 80 años y más, 42,3% de las mujeres presentan cinco o más síntomas depresivos, frente a 29,8% de los hombres de la misma edad. Es la combinación perfecta de vulnerabilidad: enfermas, solas y tristes.
Sin embargo, ese mismo Estado que les regatea la prevención y la atención integral les exige otra cosa: que sigan sosteniendo al país. El 35% de las personas de 50+ años cuida a menores de 12 años o a personas adultas enfermas o con discapacidad; son alrededor de 11 millones de cuidadoras y cuidadores mayores, y la mayoría son mujeres (43,8% frente a 25,1% de los hombres). Con la obesidad en ascenso, la diabetes en aumento, más caídas y más limitaciones para caminar, levantarse de la cama o hacer compras, las personas mayores siguen siendo el último dique de protección social en familias que no cuentan con guarderías, estancias infantiles ni servicios de cuidados formales.
Es la paradoja central de esta epidemia ignorada. El gobierno abandona a las personas mayores en el sistema de salud, pero descansa en ellas para que cuiden a niñas, niños, enfermos y personas con discapacidad. Les niega la prevención, pero les carga la responsabilidad. Las invisibiliza en el presupuesto, pero se recarga en su trabajo no remunerado.
Todo esto ocurre en un contexto en el que casi el 90% de las personas de 50+ años afirman tener o reconocer algún tipo de acceso a servicios médicos, sobre todo al IMSS y al ISSSTE; pero el acceso nominal no se traduce en atención oportuna ni en un control efectivo de las enfermedades crónicas. De poco sirve tener “derechohabiencia” si el consultorio no tiene medicamentos, si no hay personal suficiente o si la detección y el tratamiento se postergan hasta que la hipertensión se complica, la diabetes daña los riñones o una caída se traduce en fractura de cadera.
La ENASEM muestra que el 38,5% de las personas mayores reportó al menos una caída en los últimos dos años, y que una proporción no menor sufrió fractura de cadera u otros huesos. Una fractura de cadera en una mujer de 75 años no es un accidente menor; con frecuencia, es la puerta de entrada a la dependencia permanente, a la institucionalización o a la muerte a corto plazo. Cada caída prevenible que no se evitó porque se recortó el presupuesto de prevención o para operar sus cataratas, porque no hubo rehabilitación, porque no se adecuó el entorno es una decisión política, no una fatalidad biológica.
Frente a esta realidad, el relato oficial insiste en que las pensiones para adultos mayores son la gran política social del sexenio. Nadie discute la importancia de un ingreso básico para quienes trabajaron toda su vida en la informalidad o con pensiones insuficientes. Lo que sí hay que decir con toda claridad es que una transferencia monetaria, por sí sola, no sustituye por un sistema de salud funcional ni por un sistema nacional de cuidados. Mucho menos compensa un subejercicio acumulado de más de mil millones de pesos en el programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes entre 2020 y 2025.
Concluyo que la epidemia ignorada no es sólo la de la obesidad y la diabetes; es, sobre todo, la epidemia de un país que se acostumbró a vivir de espaldas a sus mayores. Y esa, a diferencia de la edad, sí es una decisión política que todavía podemos cambiar.