"La calidad no puede depender de la buena voluntad."
En materia de salud, México no carece de diagnósticos, manuales ni modelos. Lo que suele faltar es convertirlos en obligaciones exigibles, en presupuestos suficientes y en resultados visibles para los pacientes.
El nuevo Modelo de Certificación y Estandarización de Buenas Prácticas en la Atención de Servicios de Salud merece ser reconocido. Su manual para hospitales, elaborado por el Consejo de Salubridad General, recoge principios indispensables: atención centrada en las personas, seguridad del paciente, gestión de riesgos, decisiones basadas en evidencia, transparencia, trabajo multidisciplinario y mejora continua.
No es un documento menor. Sus 585 páginas organizan la evaluación hospitalaria en cinco grandes ejes: liderazgo y gobernanza; administración de la información; planificación y gestión de recursos; atención clínica y de apoyo, y mejora continua. Además, establece niveles básicos y avanzados, auditorías, seguimiento anual y consecuencias porincumplimiento.
En el papel, el modelo es sólido. Para obtener la certificación, un hospital debe alcanzar una calificación mínima de 7, aprobar cada eje y cumplir el 100 % de los estándares considerados indispensables. Basta con incumplir uno de ellos para que la certificación no se otorgue.
¿Quién podría oponerse a estas exigencias cuando está de por medio la vida de las personas? El problema surge en una palabra aparentemente inofensiva. El manual está dirigido a los hospitales que “deseen” acceder al proceso de certificación. Es decir, los estándares son obligatorios para quien decide voluntariamente someterse a la evaluación, pero la certificación no es obligatoria para todos los hospitales. Ahí está la contradicción.
La seguridad del paciente se describe como una “condición irrenunciable”, pero demostrarla mediante una evaluación externa sigue siendo renunciable. Un hospital puede continuar atendiendo, hospitalizando, operando y recibiendo recursos públicos sin acreditar integralmente que cumple con el modelo nacional de calidad.
El propio Consejo informa que durante 25 años se logró certificar a 2.179 establecimientos. Es una cifra acumulada, no el número de hospitales públicos con certificado vigente. Tampoco significa que todos esos establecimientos permanezcan certificados, pues la vigencia es de tres años. El listado oficial actualizado al 29 de junio de 2026 confirma que el universo vigente continúa reduciéndose en relación con la dimensión del sistema hospitalario nacional. "Hospitales Certificados": hay 21 privados, 8 públicos y 1 social.
La certificación, por supuesto, no garantiza que jamás ocurra un evento adverso. Ningún modelo puede prometerlo. Lo que sí ofrece es algo fundamental: evidencia verificable de que existen procesos para prevenir riesgos, identificar errores, corregir fallas y rendir cuentas. Sin esa evaluación, el ciudadano debe confiar únicamente en la palabra de la institución.
También debemos reconocer que ningún hospital se certifica con discursos. Se requieren plantillas completas, medicamentos, mantenimiento, infraestructura segura, expedientes clínicos confiables, sistemas de información, capacitación, control de infecciones y capacidad permanente de auditoría. Exigir calidad sin asignar recursos sería trasladar a los hospitales una responsabilidad que también corresponde al Gobierno.
Por eso, la verdadera prueba del modelo llegará el próximo 8 de septiembre, cuando el Ejecutivo federal entregue a la Cámara de Diputados el Paquete Económico para 2027. Ahí veremos si existe disposición para financiar la implementación progresiva de estos estándares en los hospitales públicos o si, nuevamente, tendremos grandes promesas acompañadas de presupuestos insuficientes.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2027 debe identificar recursos específicos para cerrar brechas, preparar hospitales, formar auditores, fortalecer al Consejo de Salubridad General y hacer pública una ruta nacional de certificación. También debe establecer metas anuales por institución, por entidad federativa y por nivel de atención.
La transición no puede ser improvisada. Sería razonable comenzar por hospitales de alta especialidad, unidades con mayor volumen quirúrgico, servicios materno-infantiles y establecimientos donde los riesgos para los pacientes son mayores. Pero la meta debe ser clara: que todo hospital financiado con recursos públicos esté obligado a certificarse dentro de un plazo definido.
El derecho a la protección de la salud no puede depender del código postal ni de la voluntad del director en turno. Si el modelo representa las condiciones que un hospital debería ofrecer, entonces esas condiciones deben convertirse gradualmente en un derecho verificable.