Tenía 28 años y trabajaba en un instituto donde estudiaba patógenos peligrosos en Irkutsk, Siberia. Su muerte, atribuida por las autoridades rusas a una neumonía de origen desconocido, desató sospechas de peste y rumores sobre un accidente de laboratorio. Su familia merece una explicación fundada. Para México, el caso recuerda una responsabilidad que conocemos bien: comunicar con honestidad también protege la salud.
El 6 de octubre, la Organización Mundial de la Salud informó que la causa de muerte no había sido confirmada oficialmente y que, según las autoridades rusas, los contactos identificados no presentaban síntomas. Su evaluación inicial situaba el riesgo entre moderado y bajo para Irkutsk, bajo para Rusia y muy bajo para la región europea. Esa evaluación era provisional y estaba sujeta a nueva información.
Algunos medios hablaron de unas 200 personas posiblemente expuestas y de la rotura de un tubo de ensayo. Son versiones no verificadas. La observación o el aislamiento de contactos pueden ser medidas preventivas mientras se investiga; por sí solos, no demuestran qué ocurrió. La revista Nature recoge declaraciones posteriores de Rusia sobre pruebas negativas. Lo necesario es conocer qué se investigó y cómo se sustentan esas conclusiones.
Gregory Koblentz, especialista en bioseguridad entrevistado por Nature, explica por qué resulta infundado anunciar otra pandemia como la de la COVID-19. Yersinia pestis es una bacteria conocida y existen antibióticos eficaces para tratarla. El SARS-CoV-2, en cambio, apareció como un virus nuevo frente al cual inicialmente no contábamos con vacunas nitratamientos específicos. Son situaciones diferentes y deben analizarse con sus respectivas evidencias.
Eso tampoco vuelve inofensiva a la peste. Su forma neumónica puede transmitirse entre personas y, sin tratamiento, causar la muerte en tan solo 18 a 24 horas desde el inicio de la enfermedad. El diagnóstico oportuno y el acceso inmediato al tratamiento son decisivos. Para un paciente, la existencia de un medicamento sirve de poco si llega demasiado tarde.
México dispone del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos y de una red de laboratorios de salud pública. La NOM-017-SSA2-2012 incluye la peste entre las enfermedades de notificación inmediata y establece que dicha información debe llegar a la Dirección General de Epidemiología en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de su conocimiento. Contamos con una base institucional que debemos sostener y evaluar.
La pandemia de COVID-19 dejó en México familias sin despedidas y al personal sanitario sometido a condiciones extremas. Esa experiencia nos obliga a examinar nuestra capacidad de respuesta cotidiana. Un paciente con una infección grave necesita que el primer servicio que lo atienda reconozca el riesgo, tome muestras adecuadas y active la atención necesaria. Cada demora entre esos pasos puede poner en riesgo su vida, especialmente cuando el traslado al hospital toma horas.
Como legisladores del PAN, hemos propuesto fortalecer el financiamiento de la vigilancia y de los laboratorios, con recursos para personal capacitado, mantenimiento y el transporte seguro de muestras. El presupuesto debe prever equipos de protección y la disponibilidad de tratamientos esenciales. La preparación requiere continuidad: capacitar a un equipo y dejarlo sin reactivos o sin mantenimiento desperdicia esa inversión y reduce su capacidad de respuesta.
También necesitamos evaluaciones de bioseguridad con independencia técnica, registros de incidentes y mecanismos que protejan a quienes reportan fallas de buena fe. Deben publicarse los hallazgos y las medidas correctivas, resguardando los datos personales y lainformación cuya divulgación pudiera facilitar un uso indebido. Una supervisión seria protege al trabajador y a las comunidades cercanas, y permite que la investigación se realice con confianza.
La cooperación internacional exige igual rigor. El Reglamento Sanitario Internacional establece la obligación de notificar a la OMS, dentro de las 24 horas posteriores a la evaluación de la información, cuando un evento pueda constituir una emergencia de importancia internacional. Además, prevé un plazo de 24 horas para responder inicialmente a las solicitudes de verificación y aportar la información disponible. México debe asegurar que esos procedimientos puedan cumplirse con rapidez.
Desde el Congreso, debemos exigir resultados verificables: tiempos de diagnóstico y denotificación, personal capacitado, disponibilidad de insumos y cumplimiento de las medidas correctivas. La coordinación debe incluir a las autoridades estatales y a las instituciones que supervisan la salud animal y el medio ambiente. Los riesgos sanitarios requieren cooperación sostenida y un presupuesto cuyo ejercicio pueda revisarse.
Pensemos en la familia de esa joven y en cualquier familia mexicana que espera un diagnóstico. Ambas merecen respuestas responsables. Irkutsk ofrece una lección sobre cómo investigar y comunicar un riesgo sin convertir los rumores en certezas. En México, esa lección debe traducirse en servicios capaces de actuar a tiempo. La confianza pública se cuida con información comprobable; la vida de los pacientes, con decisiones oportunas.